Pese a un mandato claro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Jalisco volvió a rechazar la posibilidad de que menores de edad puedan modificar su identidad de género en documentos oficiales. La decisión, tomada en una sesión convocada de última hora, evidencia la influencia de posturas conservadoras dentro del ámbito legislativo, limitando los derechos de la diversidad sexual en el Estado.
Con 21 votos en contra, el dictamen fue desechado por la mayoría de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y otros partidos, mientras que las bancadas de Morena, Futuro y Hagamos se pronunciaron a favor. Una abstención completó la votación.
Se advirtió que esta decisión coloca al Congreso en una situación de desacato constitucional, pues la SCJN ya había ordenado que se legisle en favor del reconocimiento de identidad de género en menores. La negativa legislativa desafía al máximo tribunal del país.
El rechazo al dictamen refleja una visión política que sigue priorizando posturas tradicionales sobre los derechos de la comunidad LGBT+. Aunque el argumento de los legisladores opositores se centró en la supuesta protección de la niñez, este tipo de decisiones refuerzan la exclusión y vulnerabilidad de menores trans.
En contraste con este posicionamiento, organizaciones de derechos humanos y especialistas han señalado que negar el reconocimiento de la identidad de género a menores afecta su desarrollo psicológico y social, además de perpetuar la discriminación.
Ahora, el Congreso estatal deberá informar a la SCJN sobre su decisión. La falta de cumplimiento podría derivar en sanciones y nuevas órdenes judiciales que obliguen a los legisladores a acatar el mandato constitucional.
Este episodio evidencia la resistencia de sectores políticos a garantizar derechos fundamentales, afectando directamente a una población que ya enfrenta múltiples obstáculos en su día a día. La lucha por el reconocimiento de la identidad de género en Jalisco, lejos de terminar, continuará en el ámbito legal y social, exigiendo que las autoridades actúen con base en principios de igualdad y justicia.
